Con aproximadamente 122,3 millones de personas, México es la segunda economía más grande de América Latina, y según el Banco Mundial se encuentra en la quinta posición entre los  paises de América Latina con  mayor ingreso per cápita. A pesar de que la tasa de pobreza del país disminuyó ligeramente en 2012, en realidad el número de personas que viven en la pobreza creció hasta alcanzar aproximadamente  los 56 millones de personas, casi el 46% de la población. Los ingresos se distribuyen de manera desigual, sobre todo en el sur, donde se encuentran los cuatro estados con las tasas más altas de marginación.

La sede regional de GPA se encuentra en Chiapas, el estado más meridional con casi 4,8 millones de personas, más del 33% de los cuales son indígenas mayas. Aunque es uno de los estados más ricos en recursos naturales, incluido el petróleo y la energía hidroeléctrica, Chiapas, cuenta con una tasa de pobreza del 74%, es uno de los estados más necesitados en cuanto a desempleo, educación y salud. La desnutrición afecta a más de la cuarta parte de la población, y en 2008, 1 de cada 4 muertes de menores de 5 años fue el resultado de enfermedades diarreicas o respiratorias. La mortalidad infantil en las zonas indígenas es más del doble de la tasa nacional y en comparación con el resto del país, más de un 60% de las mujeres mueren por causas relacionadas con el embarazo.

Reducir la desigualdad en términos de salud es uno de los principales objetivos del movimiento zapatista (EZLN) en Chiapas. Después de un levantamiento en 1994, los rebeldes zapatistas y el gobierno de México firmaron un acuerdo de paz que sigue vigente hoy en día. Muchas comunidades funcionan de acuerdo a la plataforma zapatista, que se opone a la privatización y aboga por los derechos indígenas para mejorar la atención de la salud, la educación y el control del uso de los recursos naturales. Han declarado autonomía frente al Estado y han puesto en marcha iniciativas independientes para abordar estos problemas.

En 2009, Chiapas modificó su constitución para que los Objetivos de Desarrollo del Milenio consten por escrito, probablemente, el único estado en el mundo que tiene un mandato legal para cumplir con estos objetivos, especialmente cuando se trata de la población indígena. Sin embargo, se ha avanzado poco en la reducción de la tasa de mortalidad materna. El Índice de Desarrollo Humano del PNUD en  2010 para los pueblos indígenas de Chiapas fue calificada 0,61, frente a 0,76 para la población no indígena de México. Esta es la cifra más severa de cualquiera de los 31 estados mexicanos.